Cuánto cuesta acceder a la información de subvenciones en España

Resumen. Consultar convocatorias y concesiones de subvenciones en España es gratuito por ley. El artículo 20.8 de la Ley 38/2003 obliga a la Intervención General de la Administración del Estado a publicar en su web las convocatorias y las ayudas concedidas, y el artículo 22.4 de la Ley 19/2013 establece que el acceso a la información pública será gratuito. Lo que cobra el mercado privado no es el dato en bruto, sino el filtrado, la alerta y el acceso por API. Entre el 14 y el 15 de agosto de 2026 verificamos precios publicados de suscripción que van de 0 a 600 euros al mes, y planes de API con precio cerrado que van de 0 a 449 euros al mes.

Tres normas convierten el dato de subvenciones en información gratuita

La gratuidad no es una cortesía de la Administración. Está escrita en tres textos que se refuerzan entre sí.

El artículo 20.8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, dispone que la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones —el portal que lo materializa se llama Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas— y que la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web las convocatorias de subvenciones (letra a) y las subvenciones concedidas (letra b). El mismo apartado añade una consecuencia dura: convocar sin seguir ese procedimiento es causa de anulabilidad de la convocatoria. La letra a) precisa además que el traslado del extracto al diario oficial tendrá carácter gratuito, gratuidad que opera para la Administración concedente, no para quien lee.

El artículo 5.5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, exige que la información sujeta a publicidad activa sea de acceso fácil y gratuito. El artículo 8.1.c) obliga a publicar las subvenciones y ayudas públicas concedidas con su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Y el artículo 22.4 cierra el círculo: el acceso a la información será gratuito, salvo que la expedición de copias o el cambio de formato dé lugar a exacciones conforme a la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos.

La tercera pata es el diario oficial. El artículo 11.1 del Real Decreto 181/2008 garantiza el acceso universal y gratuito a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado, el artículo 14.1 reconoce el acceso libre y gratuito con búsqueda, consulta, archivo e impresión, y el artículo 17 obliga a ofrecer una base de datos gratuita de búsqueda y recuperación de lo publicado.

Lo que la ley no hace gratuito

Conviene no exagerar el alcance de la regla. El artículo 20.5 de la Ley 38/2003 declara que la información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene carácter reservado y solo puede cederse a terceros en los supuestos tasados que enumera, todos de colaboración institucional o persecución de delitos. Lo público no es la base de datos entera: es el subconjunto que el artículo 20.8 manda publicar.

Hay además tres costes que la propia norma admite. El artículo 22.4 de la Ley 19/2013 permite exigir exacciones por copias o cambios de formato. El artículo 27.2 del Real Decreto 181/2008 somete a tasa los anuncios de las secciones IV y V del BOE. Y el artículo 7.1 de la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, declara gratuita la reutilización pero permite una tarifa limitada a los costes marginales de reproducción, puesta a disposición, difusión y anonimización. El artículo 7.9.a) obliga a que los conjuntos de datos de alto valor del artículo 3 ter se reutilicen gratuitamente, salvo excepciones, y el artículo 7.7 obliga a publicar por medios electrónicos cualquier tarifa que se aplique.

El canal gratuito funciona y lo comprobamos

El 14 de agosto de 2026 consultamos el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones en infosubvenciones.es y respondió sin registro ni identificación. Ese mismo día lanzamos una consulta contra su punto de acceso programático, la ruta /bdnstrans/api/convocatorias/busqueda, sin clave ni cabecera de autenticación: devolvió código 200 con convocatorias recibidas ese día. En datos.gob.es, la ficha del conjunto de datos Base de Datos Nacional de Subvenciones declara actualización diaria y, en el campo Tarifa, el valor Gratuita.

Quien esté dispuesto a programar contra esa API y a soportar la calidad del dato tal y como llega puede construirse su buscador sin pagar licencia, con la advertencia de que la propia respuesta de la API remite a las condiciones de reutilización de su aviso legal. Cómo tratamos nosotros esa fuente está en nuestra metodología.

Lo que cobra el mercado privado, con precios publicados

Solo citamos importes publicados en la web del propio proveedor. Las consultas son del 14 de agosto de 2026, salvo la de AyudaScan, del 15 de agosto de 2026.

FANDIT publica una tabla de precios en fandit.es/precios con tres planes. Con facturación anual: PRO 56 euros al mes, PREMIUM 200 y CORPORATE 480. La misma página, en preguntas frecuentes, da los importes de pago mensual: 70, 250 y 600 euros al mes. Establece además cupos de consulta a la base de datos de 200, 1.500 y 4.500 créditos al mes, consulta adicional a 0,25, 0,1 y 0,08 euros por crédito con un mínimo de 50 euros, y licencias adicionales a 1 euro al mes.

BuscoAyudas publica sus planes en su página principal, buscoayudas.es: Free a 0 euros al mes, Pro a 19 y Asesor a 99. En acceso por API publica cuatro niveles: Free a 0 euros con 10 peticiones al día, API Start a 149 euros al mes o 1.430 al año, API Scale a 449 al mes o 4.310 al año, y API Enterprise descrita como a medida desde 1.190 euros al mes. La página indica que no hay permanencia.

AyudaScan publica sus planes en su portada, ayudascan.com: Gratis a 0 euros, Pro a 19,99 euros al mes y Business a 99,90 euros al mes, también sin permanencia. Su página específica de precios, ayudascan.com/precios, no fue legible: devolvió un código 403 tras una pantalla de verificación automatizada, por dos vías distintas de descarga. Esa portada incluye además una tabla comparativa con importes atribuidos a un competidor que no coinciden con los que ese competidor publica en su propia web; por eso no los recogemos y nos limitamos al precio que cada proveedor publica de sí mismo.

Ninguna de las tres páginas indica si los importes incluyen IVA. No lo damos por supuesto en ningún sentido.

Los proveedores que no publican precios

Ayming España no publica tarifas: el 14 de agosto de 2026 la ruta ayming.es/precios devolvió 404 y su portada no contiene importes. Leyton España tampoco: su portada en leyton.com/es no contiene importes. La comprobación se limita a esas páginas; no sabemos si existen tarifas en documentos comerciales no publicados.

El patrón separa dos negocios. El software de búsqueda tiende a publicar precio porque vende suscripción. La consultoría que cobra un porcentaje sobre la ayuda concedida no lo publica porque su importe depende del expediente.

Conflicto de interés

Subvia vende un producto de este mercado. Ese es el conflicto y lo declaramos sin rodeos: este artículo describe la oferta de competidores directos y compara un canal gratuito con un canal de pago del que formamos parte. Nuestros importes están en nuestra página de precios, sujetos al mismo criterio que exigimos a los demás.

Tres cosas que no afirmamos. Que pagar un buscador aumente la probabilidad de obtener una ayuda: no lo hemos medido. Que nuestro dato sea más completo que la fuente pública: procede de ella. Y que verifiquemos la elegibilidad de nadie: eso lo resuelve el órgano concedente aplicando las bases reguladoras. Lo que sí hacemos está en el buscador.

Preguntas frecuentes

¿Es gratis consultar las subvenciones publicadas en España?

Sí. El artículo 22.4 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el acceso a la información pública será gratuito, y su artículo 5.5 exige que la información sujeta a publicidad activa sea de acceso fácil y gratuito. El artículo 20.8 de la Ley 38/2003 obliga a la Intervención General de la Administración del Estado a publicar en su web las convocatorias y las ayudas concedidas.

¿Dónde se consultan gratis las convocatorias de subvenciones?

En el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, accesible en infosubvenciones.es: es el portal en el que la Base de Datos Nacional de Subvenciones opera como sistema de publicidad según el artículo 20.8 de la Ley 38/2003. El extracto de cada convocatoria se publica además en el diario oficial correspondiente, conforme a los artículos 20.8 a) y 23.2 de esa misma ley, y el acceso a la edición electrónica del BOE es libre y gratuito según el artículo 14.1 del Real Decreto 181/2008.

¿Toda la Base de Datos Nacional de Subvenciones es pública?

No. El artículo 20.5 de la Ley 38/2003 declara que la información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene carácter reservado y solo puede cederse a terceros en los supuestos tasados que ese apartado enumera. Lo que es público es el subconjunto que el artículo 20.8 obliga a publicar: convocatorias y ayudas concedidas.

¿Puede la Administración cobrar por darme datos de subvenciones?

Solo en supuestos concretos. El artículo 22.4 de la Ley 19/2013 permite exigir exacciones por la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato distinto al original, conforme a la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos. Para la reutilización, el artículo 7.1 de la Ley 37/2007 la declara gratuita y limita cualquier tarifa a los costes marginales.

¿Cuánto cuesta un buscador privado de subvenciones en España?

Depende del proveedor, y solo es citable lo que cada uno publica. El 14 de agosto de 2026, BuscoAyudas publicaba en buscoayudas.es planes de 0, 19 y 99 euros al mes, y acceso por API con un nivel gratuito de 10 peticiones al día y planes de pago de 149 y 449 euros al mes. FANDIT publicaba en fandit.es/precios planes de 56, 200 y 480 euros al mes con facturación anual, equivalentes a 70, 250 y 600 en pago mensual. El 15 de agosto de 2026, AyudaScan publicaba en su portada planes de 0, 19,99 y 99,90 euros al mes. Ninguna de las tres páginas indica si los importes incluyen IVA.

¿Cuánto tarda la Administración en responder a una solicitud de acceso a información?

Un mes como máximo desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, según el artículo 20.1 de la Ley 19/2013. Ese plazo puede ampliarse por otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información lo justifiquen, previa notificación al solicitante. Si transcurre el plazo sin resolución expresa notificada, el artículo 20.4 establece que la solicitud se entiende desestimada.

¿Pagar un buscador aumenta las probabilidades de conseguir una subvención?

No lo sabemos y no hay dato público que lo respalde. La concesión depende de los criterios de valoración que el artículo 23.2 l) de la Ley 38/2003 obliga a incluir en la convocatoria, y de la comparación de solicitudes propia del régimen de concurrencia competitiva del artículo 22.1. Ningún proveedor privado interviene en esa valoración.

Fuentes

Las consultas son del 14 de agosto de 2026, salvo la de AyudaScan, del 15 de agosto de 2026. Los textos legales se leyeron en su versión consolidada en boe.es.

• Ley 38/2003, General de Subvenciones: artículos 20.5, 20.8, 22.1 y 23.2.
• Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: artículos 5.5, 8.1.c), 20.1, 20.4 y 22.4.
• Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público: artículo 7, apartados 1, 7 y 9.
• Real Decreto 181/2008, de ordenación del BOE: artículos 11.1, 14.1, 17 y 27.2.
• Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, infosubvenciones.es, y su punto de acceso programático de convocatorias.
• Catálogo datos.gob.es, ficha del conjunto de datos Base de Datos Nacional de Subvenciones, campo Tarifa.
• FANDIT, fandit.es/precios. BuscoAyudas, buscoayudas.es. AyudaScan, ayudascan.com (planes publicados en portada); ayudascan.com/precios: código 403.
• Ayming España, ayming.es/precios: código 404. Leyton España, leyton.com/es: sin importes.

Este artículo explica el régimen general y no sustituye a la lectura de las bases reguladoras de cada convocatoria. No es asesoramiento jurídico. Subvia no garantiza la concesión de ninguna ayuda, no presenta ni firma en nombre de nadie, y nunca pide el certificado digital.