Seis meses para resolver una subvención y silencio negativo si no hay respuesta

Resumen. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un procedimiento de concesión de subvenciones no puede exceder de seis meses, según el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ese plazo se cuenta desde la publicación de la convocatoria, salvo que la convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior. Solo una norma con rango de ley o la normativa de la Unión Europea pueden fijar un plazo mayor. Si el plazo vence sin que se haya notificado la resolución, el artículo 25.5 legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Seis meses es un techo, no el plazo de cada convocatoria

El artículo 25.4 de la Ley 38/2003 emplea una fórmula de límite, no de duración: el plazo máximo para resolver y notificar «no podrá exceder de seis meses». Una convocatoria puede fijar un plazo más corto dentro de ese techo. Lo que no puede hacer es alargarlo por su cuenta.

Las dos únicas vías de ampliación que el propio artículo 25.4 admite son que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o que así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Una orden de bases o una resolución de convocatoria no son normas con rango de ley. Cuando una convocatoria anuncia un plazo superior a seis meses, la comprobación relevante consiste en localizar la ley o la norma europea que lo ampara, no en aceptar el dato de la convocatoria.

El artículo 25.1 sitúa la resolución al final de una secuencia: el órgano competente resuelve una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992 y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria. Esa remisión y su vigencia se comentan más abajo.

El día inicial no es el de la solicitud

Este es el punto donde más se equivoca la lectura intuitiva del procedimiento. El artículo 25.4 dispone que el plazo «se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior». El día inicial no depende de cuándo presentó cada solicitante su expediente.

La consecuencia práctica es que todos los solicitantes de una misma convocatoria comparten el mismo día inicial. Quien presenta el último día del plazo de solicitud dispone, a efectos de este cómputo, de un margen de espera menor que quien presentó el primer día, porque el reloj de los seis meses arrancó para ambos en la misma fecha.

El mismo apartado contiene una regla distinta para un supuesto concreto: cuando la subvención se tramita por otras Administraciones públicas y la resolución corresponde a la Administración General del Estado o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ésta, el plazo se computa a partir del momento en que el órgano otorgante dispone de la propuesta o de la documentación que la norma reguladora de la subvención determine. Es una regla de excepción para procedimientos con tramitación repartida entre administraciones, no la regla general.

El silencio en subvenciones es desestimatorio

El artículo 25.5 es de una sola frase: «El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención».

Conviene leer el verbo. La ley no dice que la solicitud quede denegada de forma automática ni que el expediente se cierre. Dice que el vencimiento «legitima» al interesado «para entender desestimada» su solicitud. Es una habilitación en favor del solicitante, que le permite dejar de esperar y actuar como si existiera una denegación. El sentido del silencio, en todo caso, es negativo: nadie obtiene una subvención por el transcurso del tiempo.

Qué ocurre después con el deber de la Administración de dictar resolución expresa, y en qué plazos y ante qué órgano cabe reaccionar frente a esa desestimación presunta, no se regula en los artículos 25 y 26 de la Ley 38/2003. Esos extremos pertenecen a la legislación de procedimiento administrativo común, que no forma parte del texto oficial consultado para este artículo. No lo afirmamos aquí porque no lo hemos verificado en su fuente.

Qué tiene que decir la resolución

El artículo 25.2 exige que la resolución se motive de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención, y añade una exigencia que no depende de esas bases: en todo caso deben quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. La motivación no es un formalismo desplazable a las bases; el estándar mínimo lo fija la ley.

El artículo 25.3 impone un contenido concreto. La resolución, además de contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. Un listado que solo publique los concedidos y guarde silencio sobre los demás no cumple ese apartado. La desestimación debe ser expresa dentro del mismo acto.

Comparar convocatorias abiertas y sus bases es trabajo previo, no posterior. En el buscador de Subvia se localiza la convocatoria y su norma reguladora, que es donde vive el detalle de la motivación exigible; el modo en que se recopilan y contrastan esas fuentes está descrito en la metodología.

Resolver y notificar cuentan como una sola obligación

El artículo 25.4 no habla de un plazo para resolver y de otro para notificar. Habla del «plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento». Ambos actos deben producirse dentro de los seis meses. Una resolución firmada dentro de plazo pero notificada fuera de él no evita el supuesto del artículo 25.5, porque lo que ese apartado toma como referencia es el vencimiento del plazo «sin haberse notificado la resolución».

El artículo 26 regula esa notificación por remisión: la resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, y la práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley. El artículo 26 contempla, por tanto, dos formas de dar a conocer la resolución, notificación y publicación, y remite el régimen de ambas a otra norma.

Esa norma remitida ya no está en vigor. La Ley 30/1992 fue derogada expresamente por la disposición derogatoria única, apartado 2.a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 2 de octubre de 2015. El texto consolidado de la Ley 38/2003 conserva la cita literal a la Ley 30/1992 porque sus artículos 25 y 26 no han sido modificados, pero la remisión debe entenderse hecha hoy a la norma de procedimiento administrativo común vigente. Qué precepto concreto de esa norma ocupa el lugar de cada artículo citado no lo afirmamos aquí: exige leerla en su fuente oficial.

Lo que este artículo no puede afirmar

El texto consolidado de la Ley 38/2003 publicado en el BOE remite en sus artículos 25.1 y 26 a los artículos 89, 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Esa remisión aparece literalmente en el texto vigente que hemos descargado, y el artículo 25 conserva una única redacción desde su entrada en vigor. Sí hemos comprobado en el BOE que la Ley 30/1992 está derogada. Lo que no afirmamos es el contenido de aquellos artículos 89, 58 y 59, ni a qué preceptos de la norma vigente se corresponden hoy, porque no hemos descargado esa otra norma y comprobarlo exige leerla en su fuente oficial.

Tampoco identificamos qué normas con rango de ley o qué disposiciones de la Unión Europea establecen plazos superiores a seis meses para ámbitos concretos. El artículo 25.4 admite esa posibilidad pero no enumera los casos, y no vamos a completar la lista con suposiciones.

Y una advertencia sobre el objeto mismo del artículo: aquí se describe el régimen general de la Ley 38/2003. Cada convocatoria tiene sus bases reguladoras, y son ellas las que concretan la motivación exigible y el plazo aplicable dentro del techo legal. Ninguna herramienta, tampoco Subvia, sustituye esa lectura. Lo que sí puede hacer un sistema de seguimiento es avisar de las fechas relevantes; nuestros planes describen qué incluye ese seguimiento.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el plazo máximo para resolver una subvención en España?

Seis meses. El artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.

¿Desde cuándo se cuentan los seis meses para resolver una subvención?

Desde la publicación de la correspondiente convocatoria, según el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, salvo que la propia convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior. No se cuentan desde la presentación de la solicitud, por lo que todos los solicitantes de una misma convocatoria comparten el mismo día inicial. El mismo apartado prevé una regla distinta cuando la subvención la tramita otra Administración y resuelve la Administración General del Estado o un ente vinculado o dependiente de ella: entonces el cómputo arranca cuando el órgano otorgante dispone de la propuesta o de la documentación que determine la norma reguladora.

¿Qué pasa si la Administración no resuelve una subvención en plazo?

El artículo 25.5 de la Ley 38/2003 dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. El silencio es desestimatorio: la falta de respuesta nunca concede la ayuda.

¿El silencio administrativo en subvenciones es positivo o negativo?

Negativo. El artículo 25.5 de la Ley 38/2003 solo prevé que el interesado quede legitimado para entender desestimada su solicitud cuando vence el plazo máximo sin notificación de la resolución. No existe en ese precepto ningún supuesto de estimación por silencio.

¿La resolución debe mencionar a los solicitantes denegados?

Sí. El artículo 25.3 de la Ley 38/2003 exige que la resolución, además de contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, haga constar en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

¿Basta con que la resolución se firme dentro de los seis meses?

No. El artículo 25.4 de la Ley 38/2003 fija un plazo conjunto «para resolver y notificar la resolución del procedimiento», y el artículo 25.5 vincula el efecto desestimatorio al vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución. La notificación debe practicarse dentro del plazo.

¿Cómo se notifica la resolución de concesión de una subvención?

El artículo 26 de la Ley 38/2003 remite el régimen de la notificación al artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y establece que la práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de esa misma ley. La Ley 38/2003 contempla así tanto la notificación como la publicación, pero no regula su detalle. Hay que tener presente que la Ley 30/1992 fue derogada expresamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de modo que esa remisión debe entenderse hecha a la norma de procedimiento administrativo común hoy vigente.

¿Puede una convocatoria fijar un plazo de resolución mayor de seis meses?

No por sí misma. El artículo 25.4 de la Ley 38/2003 solo admite un plazo superior cuando lo establece una norma con rango de ley o cuando así viene previsto en la normativa de la Unión Europea. Una convocatoria o unas bases reguladoras no tienen rango de ley.

Fuentes

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 25 (Resolución). Texto consolidado del BOE, BOE-A-2003-20977. Consultado el 14 de agosto de 2026. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 26 (Notificación de la resolución). Texto consolidado del BOE, BOE-A-2003-20977. Consultado el 14 de agosto de 2026. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, disposición derogatoria única, apartado 2.a) (derogación expresa de la Ley 30/1992) y disposición final séptima (entrada en vigor). Texto consolidado del BOE, BOE-A-2015-10565. Consultado el 14 de agosto de 2026. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565

Este artículo explica el régimen general y no sustituye a la lectura de las bases reguladoras de cada convocatoria. No es asesoramiento jurídico. Subvia no garantiza la concesión de ninguna ayuda, no presenta ni firma en nombre de nadie, y nunca pide el certificado digital.