Causas de reintegro del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones

Resumen. El artículo 37.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, enumera nueve causas de reintegro, de la letra a) a la i), y en ese mismo párrafo fija el reloj de los intereses: el interés de demora se exige desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o hasta la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior. El artículo 37.2 obliga a graduar en lugar de exigir el importe completo cuando el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento total y se acredita una actuación inequívocamente tendente a satisfacer los compromisos: entonces la cantidad a reintegrar se determina con los criterios de graduación del artículo 17.3.n), que deben responder al principio de proporcionalidad.

Las nueve causas del artículo 37.1, una por una

El artículo 37.1 no es una cláusula general: es una lista de nueve supuestos, aunque la última letra abre la puerta a la normativa reguladora de cada subvención.

a) Obtención fraudulenta. Obtener la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. El reproche está en el origen: la ayuda nunca debió concederse.

b) Incumplimiento del objeto. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión. Es la única letra que el precepto admite expresamente en versión parcial, lo que enlaza con el apartado 2.

c) Fallo en la justificación. Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en los términos del artículo 30 de la ley y, en su caso, de las normas reguladoras. La ley distingue no justificar de justificar mal, y ambas conductas caben aquí.

d) Difusión. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4.

e) Obstrucción al control. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero de los artículos 14 y 15, y también el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, pero en este segundo bloque solo cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades o la concurrencia de otras ayudas. Sin esa imposibilidad de verificación, el defecto documental no activa por sí solo esta letra.

f) Obligaciones y compromisos ligados al modo de ejecutar. Obligaciones impuestas por la Administración a beneficiarios y entidades colaboradoras, y compromisos asumidos por éstos, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión.

g) El resto de incumplimientos, con filtro. Las mismas obligaciones y compromisos distintos de los anteriores, pero solo cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar los extremos que enumera la letra e). Lo que no toca el modo de ejecutar únicamente genera reintegro si impide comprobar.

h) Decisión europea. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. El texto consolidado del BOE mantiene esa numeración literal; cómo deba leerse hoy esa remisión no se deduce del texto descargado y aquí no se resuelve.

i) Remisión. Los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. Aquí añaden causas propias las bases de cada convocatoria, y por eso ninguna lectura del artículo 37 sustituye a la lectura de esas bases.

Cuándo empieza a correr el interés de demora

El artículo 37.1 sitúa el inicio del cómputo en el momento del pago de la subvención, no en el del incumplimiento ni en el de la resolución de reintegro. Quien recibió el dinero en enero y ve declarado el reintegro tres años después soporta intereses de esos tres años, aunque el incumplimiento se produjera al final.

El cómputo termina en la primera de dos fechas: la del acuerdo de procedencia del reintegro o la del ingreso por el deudor. Esa segunda alternativa procede de la modificación del primer párrafo del apartado 1 por la disposición final 11.3 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, según la nota de vigencia del texto consolidado. Su efecto es claro: ingresar voluntariamente antes de que se dicte el acuerdo detiene el devengo.

El tipo no está en el artículo 37 sino en el 38.2: interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El texto consolidado recoge tipos específicos fijados por leyes de presupuestos para ejercicios hasta el 31 de diciembre de 2023. Para ejercicios posteriores esta fuente no permite afirmar qué tipo rige: habría que comprobar la ley de presupuestos vigente. No lo sabemos a partir de este texto y no se inventa la cifra.

El artículo 37.2, la proporcionalidad y el exceso del 37.3

El apartado 2 es la válvula del sistema. Dice que cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, la entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios del artículo 17.3.n) o, en su caso, los establecidos en la normativa autonómica reguladora de la subvención. El precepto no concede una facultad: dice "vendrá determinada", de modo que, concurriendo los dos requisitos, la graduación es obligada.

Son dos requisitos acumulativos y ambos recaen sobre el beneficiario. El primero es objetivo y mide el resultado: aproximación significativa al cumplimiento total. El segundo es de conducta y hay que acreditarlo. La ley no cuantifica qué porcentaje de ejecución constituye una aproximación significativa ni fija umbral alguno, y remite al segundo eslabón.

El artículo 17.3.n) obliga a que las bases reguladoras contengan criterios de graduación de los posibles incumplimientos, precisa que sirven para determinar tanto la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario como el importe a reintegrar, y añade que deberán responder al principio de proporcionalidad. La consecuencia es operativa: la proporcionalidad del 37.2 no se aplica en abstracto, sino a través de los criterios que la convocatoria concreta debió publicar. Localizar esos criterios en las bases antes de discutir un reintegro es el primer trabajo. En el buscador de Subvia cada convocatoria enlaza a sus bases publicadas, que son el documento donde vive ese detalle.

El apartado 3 añade un supuesto ajeno a la lista de nueve. Remite al artículo 19.3, según el cual el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. Cuando eso ocurre procede el reintegro del exceso más el interés de demora correspondiente. Aquí no se discute si hubo incumplimiento: se devuelve exactamente el exceso, aunque la acumulación se produjera sin mala fe.

Cifras, plazos y su anclaje normativo

Lo que el artículo 37 no resuelve

El artículo 37 identifica causas y ordena graduar, pero no dice cuánto: no fija porcentajes, no define umbrales de aproximación significativa y no describe cómo se prueba la actuación inequívocamente tendente al cumplimiento. Esa concreción vive en las bases reguladoras por mandato del artículo 17.3.n), y en el ámbito autonómico puede venir de la normativa propia, como reconoce el propio 37.2.

Tampoco regula quién responde. Eso está en el artículo 40, que impone la devolución a beneficiarios y entidades colaboradoras en los casos del artículo 37, declara esa obligación independiente de las sanciones que resulten exigibles y establece responsabilidades solidarias y subsidiarias. El procedimiento está en el artículo 42, que lo hace iniciar siempre de oficio y garantiza en todo caso la audiencia del interesado; que tenga siempre carácter administrativo lo dice el artículo 38.4.

Sobre el tratamiento contable y fiscal de las cantidades devueltas, el artículo 37 no dice nada. La metodología de Subvia explica cómo se contrastan las convocatorias con sus fuentes oficiales, y en fiscalidad se trata por separado el tratamiento tributario de las ayudas.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas causas de reintegro recoge el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones?

El artículo 37.1 de la Ley 38/2003 enumera nueve causas, de la letra a) a la i). La letra i) remite a los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención, de modo que cada convocatoria puede añadir causas propias. El artículo 37.3 contempla además el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada.

¿Desde qué fecha se calculan los intereses de demora en un reintegro de subvención?

Desde el momento del pago de la subvención, según el artículo 37.1 de la Ley 38/2003. No se calculan desde el incumplimiento ni desde la notificación del procedimiento. El devengo termina en la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o en la fecha en que el deudor ingrese el reintegro, si esta última es anterior.

¿Qué tipo de interés de demora se aplica a un reintegro de subvención?

El artículo 38.2 de la Ley 38/2003 establece el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fije otro diferente. El texto consolidado del BOE recoge tipos específicos aprobados por leyes de presupuestos para ejercicios hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que el tipo de un ejercicio posterior debe comprobarse en la ley de presupuestos aplicable.

¿Se puede evitar devolver el importe completo si la actividad se ejecutó casi entera?

El artículo 37.2 de la Ley 38/2003 lo ordena cuando concurren dos requisitos: que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al total y que el beneficiario o la entidad colaboradora acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. El importe se determina entonces con los criterios de graduación del artículo 17.3.n) o los de la normativa autonómica reguladora. La ley no fija porcentajes.

¿Qué son los criterios de graduación del artículo 17.3.n)?

Son los criterios que las bases reguladoras deben contener para graduar los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión. Según el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003 sirven para determinar tanto la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario como el importe a reintegrar, y deben responder al principio de proporcionalidad.

¿En cuánto tiempo prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar un reintegro?

El artículo 39.1 de la Ley 38/2003 fija en cuatro años la prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro. El cómputo del artículo 39.2 arranca con carácter general desde el vencimiento del plazo para presentar la justificación, y el 39.3 enumera las causas de interrupción.

¿Qué ocurre si la Administración tarda demasiado en resolver el procedimiento de reintegro?

El artículo 42.4 de la Ley 38/2003 fija un plazo máximo de 12 meses desde el acuerdo de iniciación para resolver y notificar. Si transcurre sin resolución expresa notificada se produce la caducidad del procedimiento, sin que las actuaciones realizadas hasta entonces interrumpan la prescripción.

¿Recibir más ayudas que el coste del proyecto obliga a devolver dinero?

Sí. El artículo 19.3 de la Ley 38/2003 impide que el importe de las subvenciones, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. El artículo 37.3 ordena en ese caso el reintegro del exceso, con el interés de demora correspondiente.

Fuentes

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículos 17.3.n), 19.3, 37, 38, 39, 40 y 42. Texto consolidado del BOE, BOE-A-2003-20977. Consultado el 14 de agosto de 2026: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
• Nota de vigencia del texto consolidado sobre la modificación del artículo 37.1 por la disposición final 11.3 de la Ley 3/2017, de 27 de junio.

Este artículo explica el régimen general y no sustituye a la lectura de las bases reguladoras de cada convocatoria. No es asesoramiento jurídico. Subvia no garantiza la concesión de ninguna ayuda, no presenta ni firma en nombre de nadie, y nunca pide el certificado digital.