Qué sanciones impone la Ley General de Subvenciones y cómo se gradúan

Resumen. La Ley 38/2003 castiga las infracciones en materia de subvenciones con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, con sanciones no pecuniarias (art. 59.1). La multa fija se mueve entre 75 y 6.000 euros y la multa proporcional va del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada (art. 59.2). Por clases: las leves se sancionan con 75 a 900 euros, o con 150 a 6.000 euros en siete supuestos tasados (art. 61); las graves, del tanto al doble (art. 62.1); las muy graves, del doble al triple (art. 63.1). Cada criterio de graduación del artículo 60 eleva el porcentaje de la sanción mínima entre 10 y 100 puntos según el agravante, y los criterios son acumulables entre sí (art. 60.2), con el tope del artículo 60.5.

Dos familias de sanciones, y una multa que no cancela el reintegro

El artículo 59.1 separa dos tipos de castigo. Las sanciones pecuniarias son la regla. Las no pecuniarias se imponen "cuando proceda", y el artículo 59.3 acota ese "cuando proceda" con una condición dura: solo caben en infracciones graves o muy graves. Una infracción leve, por definición legal, no puede acabar en exclusión.

Las tres sanciones no pecuniarias del artículo 59.3 comparten el mismo techo de cinco años: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales; pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora; y prohibición de contratar con las Administraciones públicas. El precepto fija el máximo, pero no un mínimo ni un método para calcular el plazo concreto.

El artículo 59.2 contiene además una frase que ordena todo el capítulo: "La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 40 de esta ley". Son dos deudas distintas y se acumulan. Devolver el dinero no extingue la sanción, y pagarla no sustituye a la devolución. Para su cobro se aplica el régimen de los ingresos de derecho público previsto en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas. El tratamiento contable y tributario de las subvenciones se explica aparte en nuestra sección de fiscalidad.

Qué agrava: los cinco criterios del artículo 60

El artículo 60.1 enumera cinco circunstancias de graduación. Cuatro llevan un incremento cuantificado en puntos porcentuales. La quinta, el retraso en obligaciones formales, no lleva cifra y, según el artículo 60.2, solo gradúa sanciones leves.

Los rangos de la tabla son por criterio, no un techo conjunto: el artículo 60.2 declara los criterios aplicables simultáneamente, de modo que los incrementos pueden sumarse en una misma infracción. El único límite cuantitativo lo pone el artículo 60.5.

La comisión repetida tiene una definición cerrada. El artículo 60.1.a) exige una sanción previa por infracción de la misma naturaleza, grave o muy grave, en resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores. No basta con un expediente abierto ni con una sanción recurrida y no firme.

Los medios fraudulentos también están tipificados. El artículo 60.1.c) considera principalmente como tales las anomalías sustanciales en la contabilidad y los registros legalmente establecidos, el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, y la utilización de personas o entidades interpuestas. Es el agravante más caro de la lista.

Hay una diferencia literal que conviene no borrar. Los apartados a), b) y c) incrementan "el porcentaje de la sanción mínima"; el apartado d) incrementa "el porcentaje de la sanción", sin el adjetivo. El texto vigente no aclara si la omisión es deliberada, y no lo sabemos.

Los dos límites que impiden que la sanción crezca sin fin

Los criterios son acumulables: el artículo 60.2 los declara aplicables simultáneamente, de modo que en una misma infracción grave pueden concurrir reincidencia, obstrucción y ocultación. Frente a esa acumulación, el artículo 60 impone dos topes por infractor y por subvención.

Existe además un freno cualitativo. El artículo 60.3 prohíbe usar los criterios de graduación para agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo. Una circunstancia no puede contar dos veces, primero para tipificar y después para agravar.

Horquillas económicas por clase de infracción

Las cuantías están en tres artículos distintos. Las leves se sancionan con multa fija; las graves y muy graves, con multa proporcional sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o sobre los fondos indebidamente aplicados o justificados si el sujeto es una entidad colaboradora.

Los siete supuestos del artículo 61.2, que multiplican por más de seis el techo de la multa leve general, giran casi todos alrededor de la contabilidad y de la colaboración con el control: inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad y registros exigidos, incumplimiento de la llevanza de contabilidad, contabilidades diversas sobre una misma actividad, uso de cuentas con significado distinto del que les corresponde, falta de aportación de pruebas requeridas por los órganos de control o negativa a su exhibición, incumplimiento por las entidades colaboradoras de las obligaciones del artículo 15, e incumplimiento del deber de colaboración del artículo 46.

El artículo 62.3 merece una advertencia de encaje: no sanciona al beneficiario ni a la entidad colaboradora, sino a las administraciones, organismos y entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. El texto consolidado del BOE advierte que la referencia al "apartado 20.3" debe entenderse hecha al apartado 4 del artículo 20, y recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2018, de 12 de abril, que declaró que ese apartado no es inconstitucional interpretado en el sentido de que esas multas coercitivas no pueden imponerse a las Comunidades Autónomas. Cuando el incumplimiento se produce en un órgano de la Administración General del Estado, el propio precepto remite al régimen sancionador para infracciones graves de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

El escalón de la exclusión y la única atenuante expresa

Las sanciones no pecuniarias no dependen solo de la gravedad. Los artículos 62.2 y 63.2 exigen umbrales económicos y la concurrencia de agravantes concretos, y las horquillas temporales difieren.

La diferencia práctica es doble. En la grave hacen falta dos condiciones económicas simultáneas, un porcentaje y un importe; en la muy grave basta con superar los 30.000 euros. Y el plazo máximo pasa de tres a cinco años.

La única atenuante expresa de este bloque está en el artículo 63.1, párrafo segundo: no se sancionan las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento. Es una exención completa, no una rebaja, y depende de dos condiciones acumulativas: devolver también los intereses y hacerlo antes de que la Administración requiera. Esos dos párrafos del artículo 58 son la no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida (párrafo b) y la falta de entrega por las entidades colaboradoras, a los beneficiarios, de los fondos recibidos conforme a las bases reguladoras (párrafo d). Quedan fuera de la exención, por tanto, la obtención de la subvención falseando las condiciones (párrafo a) y la obstrucción al control (párrafo c).

El artículo 63.3 añade una consecuencia reputacional para las muy graves: el órgano competente podrá acordar la publicidad de la sanción en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. El texto dice "podrá", no "deberá".

Lo que estos cinco artículos no resuelven

Estos preceptos fijan clases, criterios y horquillas, pero no contienen el procedimiento sancionador, ni los plazos de prescripción, ni la definición completa de qué conductas son leves, graves o muy graves, que está en artículos anteriores del mismo capítulo. Tampoco establecen un algoritmo que convierta un conjunto de agravantes en una cifra exacta: el artículo 60 da rangos en puntos, y la concreción dentro de esos rangos corresponde al órgano competente en cada expediente.

Las bases reguladoras de cada convocatoria pueden imponer obligaciones adicionales que entren en juego en este régimen, y solo se conocen leyendo la convocatoria concreta: para eso están el buscador de convocatorias y la metodología con que tratamos las fuentes.

Preguntas frecuentes

Cuál es la multa mínima y máxima por una infracción en materia de subvenciones

La multa fija prevista en el artículo 59.2 de la Ley 38/2003 está comprendida entre 75 y 6.000 euros. La multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. El artículo 61.1 sanciona la infracción leve general con 75 a 900 euros.

Pagar la sanción sustituye a la devolución de la subvención

No. El artículo 59.2 de la Ley 38/2003 establece que la multa pecuniaria es independiente de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 40 de la misma ley. Son dos obligaciones distintas que se acumulan, y para el cobro de la multa se aplica el régimen jurídico de los ingresos de derecho público previsto en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las demás Administraciones públicas.

Cuánto puede agravar la sanción el uso de medios fraudulentos

El artículo 60.1.c) de la Ley 38/2003 establece que, cuando concurran medios fraudulentos en una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementa entre 20 y 100 puntos. Es el criterio de graduación con el rango más alto de los cinco del artículo 60. El mismo apartado considera medios fraudulentos, principalmente, las anomalías sustanciales en la contabilidad y registros legalmente establecidos, el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, y el uso de personas o entidades interpuestas.

Qué se entiende por comisión repetida de infracciones

Según el artículo 60.1.a) de la Ley 38/2003, hay comisión repetida cuando el sujeto infractor ha sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la nueva infracción. Cuando concurre en una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementa entre 10 y 75 puntos.

Se suman los agravantes del artículo 60 entre sí

Sí. El artículo 60.2 de la Ley 38/2003 declara que los criterios de graduación son aplicables simultáneamente, salvo el retraso en obligaciones formales, que solo gradúa infracciones leves. Los rangos de cada criterio (de 10 a 75, de 20 a 100 y de 10 a 50 puntos) no son un techo conjunto: el límite cuantitativo lo fijan los apartados 4 y 5 del mismo artículo 60.

Existe un tope a la cuantía total de las sanciones

Sí, y son dos. El artículo 60.4 de la Ley 38/2003 dispone que el importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor por cada subvención no excede en su conjunto del importe de la subvención inicialmente concedida. El artículo 60.5 dispone que el importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un mismo infractor por cada subvención no excede en su conjunto del triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.

Cuándo puede prohibirse contratar con la Administración o recibir subvenciones

El artículo 59.3 de la Ley 38/2003 reserva estas sanciones no pecuniarias a las infracciones graves y muy graves, con un plazo máximo de cinco años. El artículo 62.2 las permite en infracciones graves cuando el perjuicio económico supera el 50 % de la subvención concedida y excede de 30.000 euros, concurriendo obstrucción al control o medios fraudulentos, con un máximo de tres años. El artículo 63.2 las permite en infracciones muy graves cuando el perjuicio excede de 30.000 euros con esos mismos agravantes, con un máximo de cinco años.

Devolver el dinero antes de que lo pidan evita la sanción

En un supuesto concreto, sí. El artículo 63.1 de la Ley 38/2003 establece que no se sancionan las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento. Esos dos párrafos son la no aplicación de las cantidades recibidas a los fines de la subvención y la falta de entrega de los fondos por la entidad colaboradora al beneficiario. Fuera de ese supuesto, el texto de los artículos 59 a 63 no recoge ninguna otra causa expresa de exención por reintegro voluntario.

Fuentes

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 63 (texto consolidado). BOE-A-2003-20977. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977 — consultado el 14 de agosto de 2026.
• Notas incorporadas al texto consolidado del artículo 62.3: Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2018, de 12 de abril (Ref. BOE-A-2018-6825), y modificación operada por el artículo 30.7 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9467).

Este artículo explica el régimen general y no sustituye a la lectura de las bases reguladoras de cada convocatoria. No es asesoramiento jurídico. Subvia no garantiza la concesión de ninguna ayuda, no presenta ni firma en nombre de nadie, y nunca pide el certificado digital.